
La empresa de ingeniería McDermott International podrá pagar parte de la millonaria deuda que tiene con la petrolera estatal colombiana Ecopetrol entregándole hasta el 19,9% de su propiedad. Un tribunal británico ha aprobado esa vía como alternativa para que la firma de ingeniería estadounidense cumpla un laudo arbitral cuyo fallo se conoció el 2 de junio de 2023. Aquella determinación corrió a cargo de la Cámara de Comercio Internacional de Nueva York que, tras siete años de proceso, le ordenó abonar más de 1.000 millones de dólares a la compañía del logo de la iguana como compensación por los sobrecostos en las obras de ampliación y modernización de la enorme refinería de Cartagena de Indias (Reficar).
La megaobra buscaba aumentar la autonomía del país en la producción de gasolina y sufrió retrasos de varios años, que desataron en su momento un gran escándalo en Colombia. Los sobrecostos, calculados en alrededor de 3.500 millones de dólares, llevaron a acusaciones por presunta corrupción que nunca se comprobaron. En el caso de los sobreprecios, en cambio, sí. Y la decisión de 2023 indicó que se debió en parte a sus principales contratistas, dos empresas que fueron compradas posteriormente por la firma McDermott.
Desde esa decisión, las firmas CB&I UK Limited (Reino Unido) y su matriz CB&I Holanda Limited, filiales de McDermott, han anunciado que suspenderían el pago de sus obligaciones debido a la crisis que enfrentan. Las dos empresas, de hecho, se han acogido este mes a planes de insolvencia financiera en sus respectivos países como último recurso para reflotar sus finanzas. El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha sido el primero en pronunciarse y ha dispuesto que Ecopetrol, la mayor compañía del país, con 18.000 empleados, podría recibir un 19,9% del capital común de la empresa angloamericana para tapar parte de la deuda. El valor de esos títulos no ha sido, de momento, especificado.
El camino aún es largo. La notificación de la corte británica aclara que el plan de reestructuración “descarga” automáticamente a CB&I UK Limited de la “obligación de pago a Reficar derivado del fallo arbitral”. Un anuncio envuelto en todo tipo de tecnicismos legales y que anuncia la suspensión del pago de la deuda debido a la incapacidad de pago de la empresa británica. El anuncio ha sido desestimado por un grupo importante de acreedores, según la prensa inglesa.
“Cuando salió la primera determinación del tribunal de Nueva York”, explica el expresidente de la petrolera Juan Carlos Echeverry, “se determinó que el pago ascendería a 1.000 millones de dólares, más los costos de abogados. Creo que recuperar 800, después de forcejear tanto y que en algún punto la alternativa fuera cero, es suficientemente bueno”. Las estimaciones de Echeverry cuentan con que el hipotético canje del 19,9% de las acciones de McDermontt se materialice. Un deseo aún lejano y que depende del proceso que se lleva en paralelo en la corte del distrito de Ámsterdam (Países Bajos), donde se define la insolvencia de la empresa matriz. De esta decisión, que se podría dar a mediados de marzo, depende la suerte de Ecopetrol en esta historia.
El nuevo fallo desde Londres se deriva de una serie de decisiones arbitrales cuya historia comenzó en 2016, cuando Ecopetrol interpuso una denuncia contra el conglomerado angloamericano por haber incumplido con los tiempos y montos fijados en el contrato. La Cámara de Comercio Internacional (Nueva York) fue la primera en dictar sentencia en junio de 2023. Aquella decisión confirmaba que los costes de la obra, en principio fijados en 3.777 millones de dólares, así como el tiempo de entrega inicial de tres años, se habían duplicado.
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Una decisión inédita que se tradujo en la multa más alta impuesta en un litigio de este tipo para un caso que involucra a una empresa colombiana. También un alivio final para un grupo importante de miembros de la junta directiva de la refinería que fueron mal señalados durante años por la prensa y los órganos de control por ineficiencia y corrupción. McDermott, que tiene su sede en Houston y opera en 54 países, ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con los fallos que involucran a sus filiales así como los procedimientos de los laudos arbitrales.
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