México es uno de los países más peligrosos para ser periodista en el mundo, al margen de los territorios en guerra. Artículo 19, una organización en defensa de los derechos de los periodistas, registró 561 agresiones contra comunicadores durante 2023, es decir, en promedio, cada 16 horas en México se agredió a un periodista o medio de comunicación en el ejercicio de su labor. Esta cifra incluye la desaparición del reportero Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, del que todavía se desconoce su paradero y el asesinato de otros cinco periodistas: Ismael Villagómez, en Chihuahua; Jesús Gutiérrez, de Sonora; Nelson Matus, en Guerrero; Luis Martín Sánchez, de Nayarit y Marco Aurelio Ramírez, asesinado en Puebla.
A pesar de que en 2023 se rebajaron los asesinatos de periodistas respecto a 2022 —el año más sangriento para la prensa en México desde que hay registros— los ataques contra los informadores no han cesado. Artículo 19 documentó una bajada del 19,40% respecto al año pasado. Sin embargo, desde la organización se cuestionan si esta reducción tiene que ver con que se denuncien menos agresiones por miedo, dada la violencia generalizada en el país.
Sin embargo, si se compara el quinto año de gobierno de la actual Administración con el mismo año de las anteriores, los niveles de violencia contra los reporteros siguen siendo alarmantes. Comparando el quinto año de Gobierno de Andrés Manuel, con el correspondiente de Felipe Calderón, 2011, donde se documentaron 172 agresiones, existe una subida de 226,16% respecto a 2023. Este aumento es de 31,4% si se compara con el quinto año del sexenio de Enrique Peña Nieto, 2017, cuando la organización documentó 507 agresiones. “Por un lado, es posible que los cambios gubernamentales en los últimos años, y la creación de más instituciones y mecanismos de protección y atención a víctimas, hayan reducido los reportes de violencia a los actores no estatales”, agregan desde la organización.
Los ataques a informadores van desde la violencia directa, la intimidación, amenazas por parte de las autoridades locales, hostigamiento en redes sociales hasta el acoso judicial. Después de la intimidación, el uso ilegítimo del poder público se posiciona como el segundo tipo de agresión más común, lo que demuestra que gran parte de la coacción a la prensa procede de funcionarios y políticos. Se destaca el caso del Gobierno de Veracruz, en especial, los ataques contra mujeres periodistas por parte del gobernador Cuitláhuac Jiménez. “En entrevistas y en conferencias públicas, el gobernador les denostó, les acusó de que su objetivo era desinformar, les ha negado responder a preguntas, entre otros actos. Lo anterior, con connotaciones sexistas y machistas que vulneran de forma diferenciada a las comunicadoras de Veracruz”, destacan.
En la lista de agresiones, siguen las cometidas por las policías y los guardias de seguridad contratados por funcionarios. Además, las fuerzas policiales fueron responsables de, al menos, 15 lesiones a periodistas y de 10 detenciones arbitrarias. “Las autoridades estatales son el nivel de gobierno con más agresiones contra la prensa con 126 casos documentados, 43,90% de las agresiones por parte del Estado Mexicano”, señala el informe. Por su parte, el Gobierno Federal mantuvo su rol como el segundo nivel de mayores agresiones este año, con 91 casos.
En tercer lugar, la categoría de amenazas acumuló 100 casos. Aunque 38 casos de las amenazas ocurrieron en línea, la gran mayoría ocurre durante las coberturas, o en los propios domicilios de los periodistas. Un caso que ejemplifica esta violencia ocurrió el 9 de enero, cuando Samuel Roa Botello, director del portal informativo Emsa Valles, recibió una hielera con dos cabezas de cerdo y caña de azúcar afuera de su domicilio en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Estos hechos ocurrieron después de que el portal informativo publicó una serie de reportajes sobre el control de grupos criminales en el sector cañero en la Huasteca Potosina.
El informe ahonda en que los grupos de la delincuencia organizada son responsables de tres de cada 10 amenazas a la prensa en el país. “De la misma forma, preocupa a Artículo 19 que hubo 14 casos de ataques físicos tanto a periodistas como a sus bienes materiales, y al menos cuatro privaciones de la libertad donde se pudo documentar de manera explícita el involucramiento de la delincuencia organizada”, agregan y puntualizan que en los cinco asesinatos documentados este año, el crimen organizado tuvo un vínculo directo o indirecto con las muertes. “Esto resalta que, aunque sean un porcentaje menor desde una visión cuantitativa, la violencia de la delincuencia organizada representa un grave riesgo para la prensa”, resaltan.
El acoso judicial, por su parte, ha sido una práctica de ataque a la prensa que ha ido en aumento desde 2016. En 2023, se iniciaron 22 procesos judiciales contra periodistas en los ámbitos administrativos, civiles, electorales e incluso por la vía penal, el equivalente a que cada mes en promedio se iniciaron 1,8 procesos judiciales en contra de periodistas por las investigaciones que realizan.
La violencia contra la prensa continúa siendo una constante en todo el territorio nacional, 29 de las 32 entidades federativas documentaron agresiones contra la prensa el año pasado. Los cinco estados de la república con más agresiones fueron Ciudad de México, con 115 agresiones, Guerrero con 48, Puebla con 39 casos, Guanajuato con 38 casos, y Veracruz con 36.
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